Entra en vigencia la Ley C-31 mientras crecen las críticas por la eliminación de beneficios para solicitantes de refugio

La ley C-31 recibió el asentimiento real, el último paso que le faltaba antes de entrar en vigencia. La polémica ley de inmigración sobre refugiados y los acusados de tráfico de personas fue aprobada luego de varios meses de discusiones.

El ministro de Inmigración de Canadá, Jason Kenney, aplaudió la completa aprobación de uno de los proyectos que más impulsó en los últimos meses. “Esta legislación permitirá ayudar a detener a loscriminales extranjeros, los traficantes de personas y aquellos con solicitudes infundadas de refugio para que no abusen del generoso sistema de inmigración de Canadá y no reciban beneficiosmédicos y sociales financiados por los contribuyentes”, señaló el ministro.

La nueva legislación acelerará el procesamiento de las solicitudes de refugio y asilo y protegerá a los “que genuinamente necesiten refugio”. El Gobierno Federal tiene años buscando una forma de acabar con la gran cantidad de solicitudes sin fundamento y falsas que se presentan al país.

Sin embargo, la nueva política ha sido criticada por muchas personas y movimientos sociales, los cuales señalan que la ley C-31 trata como criminales a los solicitantes de refugio y reduce los beneficios de muchas personas.

Uno de los puntos más importantes, es que en algunos casos, las personas que sean rechazadas no tendrán acceso a ningún tipo de apelación, herramientas que en muchos casos les permiten extender su estadía en Canadá, en búsqueda de una eventual opción para quedarse en el país.

“El sistema de inmigración y refugio de Canadá es uno de los más justos y generosos en el mundo y lo seguirá siendo bajo el nuevo y mejorado sistema”, señaló Kenney durante un evento realizado este viernes en Ottawa.

 

Recortes en salud generan fuertes críticas

Otro de los puntos fuertemente criticados al Gobierno Federal fue la decisión de eliminar una serie de beneficios médicos y sociales para los solicitantes de refugio que esperan por una decisión.

El gobierno planea ahorrar $1,65 millardos durante los próximos cinco años con las nuevas legislaciones, incluida el Balanced Refugee Reform Act, la cual contiene los detalles sobre los servicios a personas que esperan una decisión sobre su caso de refugio.

“Los cambios que estamos haciendo están relacionados a los que están buscando refugio en Canadá, no son personas que ya hayan recibido refugio en Canadá, y eso debe ser aclarado, hay mucha confusión al respecto”, señaló Rick Dykstra, secretario parlamentario del ministro de Inmigración, en conversación con Noticias Montreal.

“Aquellos que consiguen su refugio en Canadá inmediatamente entran bajo la jurisdicción de su provincia y tendrán todo el sistema de salud que cualquier otro canadiense o residente permanente”, agregó el parlamentario.

Según Dykstra la medida del gobierno tiene completa lógica y se trata de una cuestión de justicia. “En el antiguo sistema había cientos de solicitantes de refugio que recibían beneficios médicos y sociales que ni siquiera un canadiense recibe, como medicamentos o servicios dentales. Ellos merecen ser tratados de buena manera y de manera justa, pero no merecen beneficios por encima de los canadienses”, señaló el miembro de la Cámara de los Comunes.

Sin embargo, grupos comunitarios e incluso médicos han salido en protesta por la decisión, alegando que se dejan en una difícil situación a cientos de personas, quienes llegan sin nada en los bolsillos y que no tendrán la capacidad de financiar sus necesidades médicas.

El Gobierno conservador dice que todo tiene lógica si se ve bajo el contexto de todas las reformas que impulsa el gobierno en cuanto al sistema de inmigración. Con la Ley C-31 se reducirán los tiempos de espera de solicitantes de refugio, por lo que estarán poco tiempo in cobertura médica u otros beneficios.

Señaló que bajo el antiguo sistema una solicitud de refugio podía tardar más de 1.000 días. Con la nueva Ley C-31 esto se reduce los tiempos a un par de meses para la mayoría de los casos.

En Quebec, el ministro de Salud dio un paso al frente y señaló que el gobierno de la provincia financiará estos servicios que Ottawa está eliminando.

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